¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente es un componente de otros delitos graves como el tráfico de drogas, el robo con violencia o la extorsión.

El blanqueo de capitales está presente en todas partes y puede darse en áreas inesperadas, como en los delitos medioambientales. La llegada de las criptomonedas, como el bitcoin, ha exacerbado este fenómeno.

Los grupos delictivos transfieren fondos obtenidos ilícitamente por todo el mundo a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas de envío de dinero, intentando integrar los fondos ilícitos en negocios y economías legales.  Actualmente, las “mulas” desempeñan un papel clave en este contexto. Se trata de personas que actúan como intermediarios para los grupos delictivos, incluso sin ser conscientes de estar blanqueando fondos ilícitos.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) es el organismo que supervisa y vigila todas las actuaciones de prevención del blanqueo de capitales en España.

Además, los sujetos obligados a cumplir con las normativas de prevención del blanqueo de capitales tienen que realizar cursos obligatorios. Tienen la consideración de sujeto obligado las personas o entidades a las que se refieren los artículos 2.1 y 2.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Asimismo, se entienden sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades mencionadas en los citados artículos.

Cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o cuando le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por la ley recaerán sobre la persona jurídica respecto de los servicios prestados.

Los sujetos obligados quedan sometidos, además, a las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.

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