Ley de Distribución de Seguros

La IDD establece requisitos de información obligatoria a proporcionar al cliente antes de la celebración de un contrato de seguro. Las principales novedades a este respecto son las siguientes:

• Información general
• Información acerca de la remuneración percibida en relación con el contrato de seguro
• Información sobre el producto de seguro
• Ventas con y sin asesoramiento

Las ventas vinculadas (o «cruzadas» como las denomina la IDD) son aquellas en las que se ofrece, como parte de un «paquete», un producto de seguro junto con bienes o servicios distintos de un producto de seguro. La Directiva de Distribución distingue dos tipos de ventas vinculadas en función de si el producto de seguro es el producto principal del «paquete» o si es el producto auxiliar:

• Venta vinculada en la que el producto de seguro es el producto principal del «paquete»: En este supuesto, la Directiva de Distribución establece la obligación del distribuidor de seguros de informar al cliente sobre si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, y, en tal caso, ofrecer una descripción adecuada de los diferentes componentes del acuerdo o paquete y facilitar aparte justificantes de los costes y gastos de cada componente. Asimismo, el distribuidor de seguros deberá informar del impacto que el «paquete» tiene en el perfil de riesgo o cobertura del seguro, esto es, el modo en que la interacción de los diferentes componentes del acuerdo o paquete modifica el riesgo o la cobertura de seguro.
• Venta vinculada en la que el producto de seguro es el producto auxiliar: Cuando el producto de seguro sea auxiliar a un bien o servicio que no sea de seguros, la Directiva de Distribución establece la obligación del distribuidor de seguros de ofrecer al cliente la posibilidad de adquirir el bien o servicio por separado.

Con la finalidad de proteger los intereses de los clientes, la IDD establece que los intermediarios de seguros y las compañías de seguros deben adoptar disposiciones administrativas u organizativas para detectar los conflictos de intereses que surjan (i) entre ellos mismos, incluidos sus directivos y empleados o cualquier persona directa o indirectamente ligada a ellos por vínculos de control, y (ii) sus clientes, o entre un cliente y otro, en el ejercicio de actividades de distribución de seguros. Cuando las referidas disposiciones organizativas o administrativas adoptadas por el intermediario de seguros o la compañía de seguros no resulten eficaces para evitar los riesgos de lesión de los intereses de los clientes, el intermediario de seguros o la compañía de seguros deberán informar claramente al cliente de la naturaleza general o del origen de tales conflictos de intereses, con carácter previo a la celebración del contrato de seguro.

Además de las obligaciones de información generales referidas en la Sección «obligaciones de información previa a la celebración del contrato de seguro» anterior, a los efectos de que los potenciales clientes puedan comprender razonablemente la naturaleza y los riesgos del producto de inversión basado en seguros ofrecido y, por tanto, adoptar decisiones de inversión con conocimiento de causa, deberá facilitarse al cliente la siguiente información:

• (únicamente cuando se ofrezca asesoramiento) si el intermediario de seguros o la empresa de seguros proporcionarán al cliente una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión basado en seguros recomendado a dicho cliente;
• advertencias sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros y sobre las estrategias de inversión propuestas;
• el coste de asesoramiento (cuando proceda), el coste del producto de inversión basado en seguros recomendado o comercializado al cliente y la forma en que este podrá pagarlo, así como cualesquiera pagos relacionados con terceros.

Se establece que la información de los costes deberá facilitarse de manera agregada de forma que el cliente pueda comprender el coste total, así como el efecto acumulativo sobre el rendimiento de la inversión, facilitándose, a solicitud del cliente, un desglose de los costes y gastos por conceptos.

En el caso de productos de inversión basados en seguros, además de la información sobre las exigencias y las necesidades del cliente, la Directiva de Distribución establece la obligación de llevar a cabo un análisis de idoneidad y adecuación como medida de protección adicional de los intereses de los clientes.

A estos efectos, deberá solicitarse determinada información a los clientes, la cual variará en función de si es (a) una venta con asesoramiento o (b) de actividades de distribución conexas a ventas en las que no se ofrezca asesoramiento.

La IDD refuerza los requisitos de formación de los empleados de los distribuidores de seguros. En particular, resulta relevante destacar las siguientes novedades en materia de formación y aptitud:

1. La formación deberá ser «permanente» (es decir, continuada). La Directiva de Distribución prevé que los Estados miembros deberán implantar mecanismos para controlar los conocimientos y las competencias de los distribuidores de seguros y sus empleados sobre la base de, por lo menos, 15 horas de formación al año. Ha de tenerse en cuenta que, en España, a día de hoy, se exige formación continua a las personas comprendidas en grupos B y C, pero no al grupo A (véase artículo 14 del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio). En este sentido, parece que la IDD exige formación continuada también al grupo A.
2. Los requisitos de formación se extienden a todas las personas que participen directamente en la distribución de seguros. No obstante, lo anterior, la IDD matiza que los Estados miembros no están obligados a exigir los requisitos de formación a todas las personas responsables de la distribución de los productos de seguro que formen parte de la dirección de las empresas, pero sí a una «proporción relevante» de dichas personas.
3. Las personas que formen parte de la dirección y todo el personal que participe directamente en la distribución de seguros o reaseguros en una empresa de seguros o reaseguros o en intermediarios de seguros y de reaseguros no deberán tener antecedentes penales por haber cometido delitos graves, ya sea contra la propiedad o relativos al ejercicio de actividades financieras, ni deberán haber sido declarados en concurso con anterioridad.

Otra novedad relevante que introduce la Directiva de Distribución consiste en que las empresas de seguros, así como los intermediarios de seguros que diseñen productos de seguro para su venta a clientes deberán establecer un proceso para la aprobación de cada uno de los productos de seguro o las adaptaciones significativas de los productos de seguro existentes antes de su comercialización o distribución a los clientes.

Resulta relevante destacar que los importes de las sanciones pecuniarias previstas en la IDD son significativamente superiores a los previstos en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. En este sentido, de conformidad con lo previsto en la Directiva de Distribución, las sanciones aplicables a personas jurídicas pueden ascender hasta, al menos, 5.000.000 euros o el 5 % del volumen de negocios anual total según las últimas cuentas aprobadas. En cuanto a las personas físicas, la sanción puede ascender hasta, al menos, 700.000 euros.

Dentro de las categorías de mediadores de seguros, los operadores de banca-seguros se configuran, desde un punto de vista normativo, como agentes de seguros (exclusivos o vinculados), si bien con ciertas particularidades. Se suprimen las limitaciones en cuanto a la puesta a disposición de un único operador de banca-seguros de las redes de las entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito, sin perjuicio de mantener la incompatibilidad para que las redes cedidas puedan operar simultáneamente, en todo o en parte, como colaboradores mercantiles de otros mediadores de seguros de distinta clase.

El Anteproyecto prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías.

Se refuerzan, además, los requisitos de organización y competencia profesional y las obligaciones de información y normas de conducta que deben seguir los distribuidores de seguros. Se establece la obligación para todos los mediadores de seguros de acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador.

El deber de información al cliente de productos de seguros se regula ampliamente en el Anteproyecto y se establecen requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de inversión basados en seguros, buscando evitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de intereses.

En cuanto a las obligaciones de información para los usuarios de productos de inversión basados en seguros, se establece que deberá informarse de todos los costes y gastos asociados, incluidos el coste de asesoramiento, cuando proceda, el coste del producto de inversión basado en seguros y la forma en que éste podrá pagarlo, así como cualquier pago relacionado con terceros. Se deberá advertir sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas. Por último, para las situaciones en las que se ofrezca asesoramiento, se crea la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión.

Se introduce el concepto de ventas cruzadas, con la obligación para el distribuidor de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca conjuntamente con servicios o productos auxiliares, si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, y los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente. Se establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en el diseño, aprobación y control de los mismos.

En materia de infracciones y sanciones, se refuerza su régimen y se fijan unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el marco general establecido por la citada Directiva comunitaria de 2016.